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El miércoles 21 de octubre se realizó una sesión de la Asamblea General del Claustro (AGC) dedicada al presupuesto universitario. Contó con la participación del rector de la Udelar, Rodrigo Arim, de la directora del Hospital de Clínicas, Graciela Ubach, y la presidenta de Bienestar Universitario, Gabriela Pacci.

 

El rector informó a los integrantes de la AGC sobre los aspectos más relevantes en el tratamiento de la solicitud presupuestal de la Udelar en el Parlamento, que ya culminó una instancia en la Cámara de Diputados. En primer lugar, no fue tomada en cuenta por el Poder Ejecutivo (PE) en su proyecto de ley, no solo porque no le otorga ningún incremento sino porque «no incorpora ni siquiera los nombres de los programas que definió la Udelar», simplemente reitera la estructura de solicitudes anteriores. En su opinión se observa «discriminación» hacia la Udelar, porque si bien este presupuesto otorga escasos incrementos, son pocas las instituciones que recibieron asignación nula.

Durante el tratamiento en la Cámara de Diputados la Universidad realizó un trabajo intenso para dialogar con todas bancadas, con base en una estrategia que se focalizó «en aspectos donde los costos-país son enormes». Entre otros, se priorizó la necesidad de recursos para mantener el régimen de dedicación total (RDT) docente,  destacando «el riesgo que corría el país por no poder incorporar a ese régimen un investigador más en los próximos 5 años». También se hizo énfasis en la asignación que requiere el desarrollo universitario en el interior.  Ambas prioridades fueron contempladas por los representantes nacionales, que incorporaron al presupuesto asignaciones de 330 millones de pesos para el RDT y de 100 millones para el programa de descentralización de la Udelar.  Esto refleja «un reconocimiento a la institución por parte de los parlamentarios» que se hizo evidente durante la discusión en la cámara.

Arim expresó que el trabajo de la Universidad con los parlamentarios fue acertado, se dialogó directamente con dos tercios de los diputados y «hubo un reconocimiento de todas las bancadas de que había un tratamiento que no era adecuado con la Udelar».  Otro aspecto que la Udelar priorizó en el intercambio con los legisladores fue el de las disposiciones no financieras contenidas en el proyecto del PE. Se incorporaban normas generales y otras específicas para la Universidad que iban en contra de la planificación racional y de la eficiencia en el gasto, «atentaban contra la gestión universitaria y constituían una restricción importante», señaló.

Entre esos artículos mencionó los que derogaban la autorización a la Udelar para mantener sus Fondos de Libre Disponibilidad en las monedas o títulos que considere convenientes, lo cual permite proteger esos recursos del ritmo inflacionario. Otra disposición impedía transferir de un año a otro los créditos asignados a inversiones que no se hubieran ejecutado. Esta herramienta habilitó a la Udelar a conservar fondos destinados a proyectos edilicios muy importantes que se retrasaron por causas ajenas a la institución, señaló Arim. Ambas derogaciones fueron eliminadas del proyecto durante el tratamiento por parte de los diputados.

Arim agregó que el PE también introdujo un artículo que impide que la Universidad sea beneficiaria de donaciones especiales y al mismo tiempo habilita a otras instituciones de enseñanza públicas y privadas a recibirlas. Sobre este punto se debe dialogar con los senadores, indicó.

Otros artículos proponían que la Udelar contara con informes favorables previos del Ministerio de Economía y Finanzas o la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para las trasposiciones del rubro de sueldos al de inversiones, sin establecer los motivos por los que ese traspaso puede ser observado ni los plazos para este trámite. Al respecto Arim realizó «una aclaración enorme: la Udelar no se niega a ser auditada, se niega a ser auditada por un órgano que tiene dependencia directa del PE», enfatizó. Esas disposiciones fueron modificadas por los diputados, por lo que «se simplificó muchísimo» el procedimiento para realizar traspaso entre esos rubros.

Destacó en particular el artículo 7 del proyecto de Presupuesto, de carácter general, que autoriza al PE a limitar la ejecución presupuestal de fondos de funcionamiento e inversiones ante el riesgo de no cumplimiento de la meta fiscal. Para el rector este artículo era «violatorio de la autonomía universitaria»; en el diálogo con los diputados la Udelar «fue convincente» y consiguió que se excluyera a los entes autónomos de la enseñanza de esa disposición, lo cual consideró como un logro muy importante. Además, el proyecto incluye un artículo que habilita al PE a enajenar bienes inmuebles, que aún persiste en el proyecto. Arim indicó que este debe ser un punto de atención en las conversaciones de las autoridades universitarias con los senadores, que ya han comenzado. «Tenemos un bien inmueble de mucho valor que es la Facultad de Veterinaria, que queremos vender y es muy relevante para poder seguir haciendo obras», expresó.

También quedó pendiente la consideración de otros aspectos de la propuesta presupuestal realizada por la Udelar, que al igual que el RDT y el programa del desarrollo en el interior se marcaron como prioridades, informó Arim. Estos son el programa de becas de Bienestar Universitario y el presupuesto para el Hospital de Clínicas (HC) y por esa razón la AGC sería informada sobre estas situaciones.  Opinó que en el sistema político hay buena receptividad y para lograr su atención en la búsqueda de una mejora presupuestal, la Universidad tiene que optar por dar «ciertos mensajes fuertes, claros y contundentes, no pueden ser genéricos».  

Para finalizar el rector destacó que ante actores del PE que «han señalado que la Universidad tiene que elegir» su respuesta ha sido «por supuesto que tiene que elegir, y ha elegido, el problema es que esas elecciones son costosas».

 

Pendientes

En su presentación Pacci explicó que el Servicio Central de Bienestar Universitario (SCBU) abarca cinco ámbitos programáticos: Departamento de Alimentación, Área de cultura, Área de deportes, División Universitaria de la Salud y Departamento de Programas sociales. Este lleva adelante el programa de Becas, que es uno de los más antiguos y gestiona varios tipos de becas como las económicas, de alimentación y de alojamiento. Más recientemente incorporó becas de accesibilidad educativa que buscan atender necesidades asociadas con el cuidado de hijos pequeños de estudiantes becarios, una beca para materiales de estudio y una beca de transporte.

Comentó que las becas están dirigidas a estudiantes en situación de vulnerabilidad socieconómica y vulnerabilidades asociadas, como por ejemplo la necesidad de alojamiento cuando la carrera no se dicta en la localidad de origen del estudiante. En este caso comentó que el desarrollo de la Udelar en el interior ha provocado la demanda de alojamiento para estudiantes que eligieron cursar carreras allí.

Pacci aportó una serie de datos acerca del programa. Informó que mientras que en 2016 se solicitaron un poco más de 6000 becas -cada estudiante puede solicitar más de una-, en 2020 se solicitaron más de 18.000. Además de un incremento global, se observa un aumento de la demanda en el interior. Paysandú, Rivera, Maldonado y Salto han tenido un salto muy importante en la cantidad de solicitudes, indicó.

En los últimos cinco años también aumentó el otorgamiento de becas en todo el país, con incrementos muy pronunciados en Maldonado, donde pasaron de 30 a 244, en Paysandú, de 89 a 400, y en Rivera, de 16 a 203. Sin duda el incremento de la demanda se acompaña del crecimiento de la oferta universitaria en el interior, señaló, pero a la vez ha crecido la presencia de Bienestar Universitario en el territorio, por ejemplo, con servicios de cantina. «La existencia de la oferta en la prestación hace que la demanda aumente», expresó.  

Actualmente «hay 1750 estudiantes que podrían haber recibido alguna beca, que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica, que demandaron acceso a esa beca, y mediando un estudio socioeconómico no podemos otorgarla por falta de presupuesto», afirmó. El monto necesario para ese conjunto de becas es de 50 millones de pesos anuales. A su vez, «se puede afirmar que estas 1750 son una punta de iceberg», puesto que hay una demanda que no se expresa por la ausencia de la prestación en algunos lugares del territorio nacional, señaló. 

El sistema de becas sin dudas es una prioridad «pero al mismo tiempo es una puerta para la identificación y el reconocimiento de sujetos que están en situación de vulnerabilidad, no solo socioeconómica sino también asociada a otras vulneraciones que históricamente los han alejado de la Universidad», señaló, ya sea por motivos asociados al género, la raza, la privación de libertad, la migración, las discapacidades, que requieren líneas de abordaje particulares. Agregó que si bien el SCBU trabaja en coordinación con otras instituciones que otorgan becas, las prestaciones no necesariamente son sustituibles. Tanto el programa becas como el resto de los programas del servicio «deben incluir un enfoque de derechos humanos», concluyó.

Por su parte Ubach indicó que desde el HC se encaró esta lucha presupuestal desde el comienzo trabajando con todas las bancadas parlamentarias; también se comunicaron con el titular de la OPP, Isaac Alfie, y con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. En primer lugar se intenta dejar claro que el hospital es un centro de salud de referencia donde se realizan procedimientos de alta complejidad. Al comparar la atención que prestan los hospitales públicos de Montevideo Pasteur y Maciel con los servicios del HC, se observa que la cantidad y complejidad de las prestaciones del hospital universitario son superiores y, si bien atiende a usuarios de ASSE y de centros privados, una gran parte de la asistencia se financia con el presupuesto universitario.

La directora señaló que para el sistema de salud el hospital tiene una importancia enorme, porque allí se forman miles de médicos y técnicos especializados en múltiples áreas de la salud, incluyendo enfermeros, que no son suficientes para las necesidades del sistema. Se desarrollan técnicas y procedimientos médico quirúrgicos de alta complejidad y se llevan adelante cientos de proyectos de investigación. A la vez el HC se encuentra en el cruce de caminos entre la enseñanza y lo asistencial, «por eso debe recibir un reconocimiento, un aporte del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) a esa atención». En los últimos años se viene avanzando en el convenio con el SNIS para que la asistencia sea reconocida y financiada con recursos destinados a ese sector, pero todavía no son suficientes y frecuentemente esos fondos llegan con atraso. El HC insume «la quinta parte del presupuesto de la Udelar», recordó.

Igualmente, afirmó que es necesario que el hospital continúe siendo universitario, cogobernado y gestionado en base a las normas que rigen en la Universidad para la contratación de personal. Una de las dificultades del centro se relaciona con la retención del personal, para la cual se ha procurado tender hacia la equivalencia salarial de médicos y técnicos del hospital en relación con el resto del sistema, señaló. También se trabaja en el estudio profundo de las prioridades en la incorporación tecnológica que requiere el hospital, en base a una racionalización de todo el sistema de salud.

Integrantes de la AGC agradecieron los informes, realizaron consultas y consideraciones al respecto. El proyecto de Ley de Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados ingresó al Senado el 20 de octubre. Los senadores cuentan con un plazo de 45 días para su tratamiento; si realizan modificaciones, el proyecto debe retornar a la cámara baja. Todo el trámite parlamentario puede extenderse hasta los primeros días de diciembre.

Ver video de AGC del 21/10/20 sobre Presupuesto

 

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